ARBITRAJE DE DERECHO DE LA ICC E IVA

ARBITRAJE DE DERECHO DE LA ICC E IVA

Juan Pablo Correa

12-11-2019


Recientemente, la sentencia de fecha 17 de Julio de 2019 del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Oviedo ha abordado una vieja polémica que ya fue objeto de una consulta a la Dirección General de Tributos Consultas Generales Vinculantes de la Agencia de Tributos de 8 de febrero de 2010 y 30 de enero de 2015: ¿las facturas emitidas por el árbitro, con despacho profesional en España, deben incrementarse del pertinente IVA en el caso de haber conducido un arbitraje sujeto a las normas de la CCI? Recordemos, en este sentido, cuál es la praxis habitual de funcionamiento: las partes abonan la provisión de fondos a la CCI, de forma conjunta (requisito sine qua non, como es sabido, para que el procedimiento arbitral tome inicio) y, ulteriormente, una vez recibe el árbitro la pertinente transferencia para el pago de sus honorarios, emite la correspondiente factura a ambas partes, repercutiéndoles dicho impuesto.

 

IVA en los honorarios del árbitro ICC

 

No obstante, en el procedimiento antes mencionado, alegaron las partes que, con arreglo al art. 75.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, “en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados a la realización del hecho imponible, el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos”, de lo que se colegiría – según ellas – que los pagos ya efectuados por ella incluirían el IVA.

No obstante, frente a dicho razonamiento cabe argüir (como así parece entender también la resolución judicial objeto del presente comentario, al estimar la demanda interpuesta por el despacho profesional del árbitro) que:

1º) La Ley “del IVA” (o 37/1992, de 28 de diciembre), también afirma taxativamente, como no podía ser de otro modo, en su art. 4.1 que “estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen”.

2º) De conformidad con lo establecido en los arts. 227.4 y 235.1 de la Ley General Tributaria, el art. 24 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre y el art. 88.6 de la Ley del IVA, si la parte contraria hubiese querido cuestionar si la actividad estaba sujeta o no a IVA, lo que tendría que haber hecho es presentar una reclamación económica-administrativa ante el TEAR dentro del mes siguiente a la emisión de la factura.

3º) La propia Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, en su “Nota a las partes y al tribunal arbitral sobre la conducción del arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CCI”, en el apartado A del punto VII de la misma y que lleva por título “Servicios Administrativos” (página 17), se ofrece como depositaria a los efectos del pago de anticipo del IVA devengado de los honorarios de los árbitros.

4º) De forma idéntica, la propia normativa de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI regula el pago del IVA por las partes y expone, literalmente, que el cobro de dicho impuesto debe ser gestionado entre las partes y el Árbitro.

 

Normativa estatal que fija el tipo de IVA

 

Es más: tampoco debe olvidarse que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la actividad de arbitraje no está incluida en el concepto de asesoramiento jurídico, lo que conlleva la aplicación de devengo del impuesto atendiendo al lugar de residencia del árbitro y equivale, por tanto, a decir, los servicios prestados por el árbitro, sea arbitraje internacional, o no, están sujetos al pago del impuesto”.

De ahí, por tanto, que la resolución judicial que ahora nos ocupa no pueda por menos que estimar la demanda y condenar a la parte demandada a pagar a la entidad actora la cantidad correspondiente al IVA devengado por dicho servicio, incrementado en el interés legal correspondiente, zanjando así una vieja pero interesante polémica, en línea con la doctrina y normativa antes expuesta.